País requiere de una reforma tributaria

Montás se mostró partidario de unir a las direcciones de Aduanas y la DGII

El gobierno que resulte electo en la próxima contienda electoral está obligado a implementar una reforma tributaria integral en un plazo no menor de tres años, para lo cual tendrá que consensuar un pacto fiscal y otros compromisos similares en educación y electricidad.

La afirmación es del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montás, quien  recalcó que el pacto fiscal deberá abordar varios frentes y que para poder cumplir con el 4% del PIB en educación se necesitará asignar recursos adicionales a ese sector en el orden de un 1% del PIB.

El funcionario señaló al disertar ayer sobre la “Estrategia Nacional de Desarrollo y sus implicaciones en el ámbito fiscal”, en el hotel Meliá, donde fue el orador invitado al desayuno de la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR), que República Dominicana vive un punto de inflexión en su trayectoria de desarrollo económico, social e institucional.

“De las decisiones que tomemos hoy dependerá grandemente nuestra trayectoria futura”, señaló Montás al recordar que gran parte del comercio del país está amparado bajo acuerdos de libre comercio, lo que a su vez ha modificado la estructura tributaria hasta bajar los impuestos al comercio exterior de 34.8% en el año 2000 a 8.2% en el 2011.

Recordó también que desde el 2000 el país ha implementado nueve reformas o “adecuaciones tributarias”, y que a pesar de eso la presión tributaria que era de 12.5% en el 2000 pasó a solo 12.7% en 2011, mientras los ingresos totales del gobierno pasaron de 13.2% del PIB a 13.1% durante la última década (2000-2011).

Montás precisó en ese contexto, que en el ínterin de esa década se alcanzó un valor máximo de 17.3% en 2007, momento en el que la presión tributaria fue de 16% del PIB y los ingresos totales fueron de 17.3%, pero “a partir de entonces ha habido un deterioro paulatino de la situación de los ingresos fiscales”.

Durante el período 2007-2011 se perdieron 3.3 puntos porcentuales de presión tributaria, lo que puede atribuirse a la sustitución de los impuestos al comercio exterior por impuestos internos y a que se haya perdido capacidad recaudatoria a pesar de las innovaciones orientadas a reducir la evasión fiscal, como son los comprobantes fiscales y las impresoras fiscales.

Con relación a Centroamérica, RD solo supera a Guatemala, en lo que tiene que ver con la presión tributaria, dijo.

Asimismo, destacó el impacto en las finanzas públicas que dejan los compromisos permanentes como son la Ley de Recapitalización del Banco Central, mediante la cual el Gobierno ha transferido RD$18,900 millones y  cerca de RD$35,000 millones al sector eléctrico.

También dijo que para continuar la sostenibilidad de la deuda pública y generar un balance primario consolidado el Gobierno requerirá hacer un esfuerzo fiscal en torno al 2.2% del PIB a partir de 2013. Montás insistió en que el pacto fiscal deberá abordar varios frentes y por el lado del gasto deberá fortalecer la administración financiera del Estado y dotar el gasto público de mayor transpasrencia, eficiencia y calidad.

En ese tenor, como parte del segmento de preguntas, Montás explicó que en RD solo cuatro ministerios representan el 80% del total de todo lo que paga el gobierno en sueldos y salarios y que, por tanto, si eliminara todos los demás ministerios se ahorraría solo RD$11,000 millones al año.

Indicó que hay que hacer esfuerzos en lograr un gasto público más eficiente, pero teniendo claro que el Estado dominicano de hoy tiene comprometidos sus recursos en cuatro ministerios y que para hacer frente a los grandes problemas nacionales hay que dotar al Estado de más recursos.

Otro punto de la agenda para abordar el pacto fiscal que plantea la END, es la ley de salarios en la Administración Pública y la racionalización de la macro-estructura del Estado, a fin de eliminar duplicidad de funciones entre instituciones y modernizar la Administración Pública y adecuar el Código Tributario a los estándares internacionales.

“El pacto fiscal debe abordar lo relativo al régimen de incentivo al desarrollo productivo a fin de superar la dualidad entre empresas de zonas francas y empresas fuera de zonas francas”, aunque no a expensas de deteriorar la capadidad del Estado, afirmó Montás.

Entiende que el pacto fiscal quedaría incompleto si no se establece un compromiso de responsabilidad fiscal, que deberá empezar con  un acuerdo básico sobre el nivel de deuda pública meta para los próximos años.

“La ocasión es propicia para arribar a los pactos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo en los plazos establecidos y con el concurso de todas las fuerzas económicas, sociales y políticas del país”, apuntó