La presión fiscal fue consistente en 2011

Normas tributarias para aumentar la recaudación del Gobierno

En este tenor el Decreto No. 254-06 de junio de 2006 fue el que tuvo mayor impacto al establecer la utilización de los comprobantes fiscales. En consecuencia de todas las normas, leyes y decretos establecidos, se crea una presión fiscal a las empresas, particularmente por el corto tiempo que se les otorga para reportar sus diferentes declaraciones, so pena de sanciones fiscales drásticas (no admisión de las deducciones, generalmente). En adición al poco tiempo, está la interpretación de las leyes por parte de los contribuyentes, las empresas y el personal de la DGII, que en muchas ocasiones difieren en cuanto a su modo de aplicación, y en consecuencia conllevan fiscalizaciones, muchas veces injustas.

Se ha visto el caso que con el propósito de obtener mayores ingresos, cuando no se ha tenido la herramienta para determinar dichos ingresos, se cuantifiquen unos que no siempre reflejen la realidad, engendrando un “debido” impuesto difícil de entender: pensamos aquí en los Acuerdos de Precios Anticipados, en curso de negociación entre la Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES) y la DGII, tema de suma importancia porque podría expandirse hacia otras industrias, pero que no podremos desarrollar aquí, por falta de espacio.

Es penoso ver cómo una institución pública incurre repetidamente en el error de pensar y actuar como si fuera legisladora; tenemos que recordar que la Ley sale del Congreso Nacional, y la jurisprudencia de los tribunales y cortes, nada más; en consecuencia, lo justo sería que la interpretación que el Fisco hace de las leyes tributarias no debería preponderar sobre la del contribuyente.

Paralelamente, incluso a nivel de ley existen imprecisiones. Por ejemplo, el artículo 12 de la Ley No. 139-11, promulgada a la mitad de 2011, aumentó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de un 25% a un 29%. Cabe recordar que el principio constitucional de irretroactividad de la ley establece que “la ley sólo dispone y se aplica para el porvenir”; por ende la Ley No. 139-11 se vuelve fundamentalmente inconstitucional: ¿cómo se puede decir a las empresas contribuyentes, a mitad del año fiscal, o al momento de su cierre, que deben pagar más sobre un ejercicio ya pasado? ¿De qué sirve planificar (¡incluso reportar!) ingresos y gastos, si se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del año?

No debemos olvidar que la estabilidad política y la seguridad jurídica de un país son las razones principales que fomentan la inversión extranjera; no obstante, para muchas empresas, las relaciones que tienen con el Fisco suenan a una lucha entre David y Goliat. Unas normas tributarias injustas e incomprensibles no alientan los extranjeros a invertir, sino a huir. El Fisco debería ser visto por los contribuyentes como un necesario socio en la actividad económica, recogiendo tributos para mejorar el país, y no a través de dichas medidas, como un oponente.

Tenemos la confianza de que en poco tiempo, los contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas y la Dirección General de Impuestos Internos, podamos trabajar en conjunto para lograr un sistema fiscal eficiente y equilibrado.

Sylvio Hodos

Director del Departamento fiscal,

Castillo y Castillo Abogados   s.hodos@castillo.com.do