Derechos, cartas, decretos y más leyes que aprueben la presencia de la mujer en espacios que hace mucho deberían pertenecerle. La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en Francia en 1971, era encabezada por la siguiente frase: «Hombre, ¿eres capaz de ser justo?, una mujer te hace esta pregunta». Así, se fijó la hoja de ruta de lo que sería el fin de la inequidad de género y la reducción de la brecha salarial que vivimos ahora.
En los parlamentos, la representación femenina debe obedecer (como en la mayoría de los casos) a mucho más que un número. La legitimidad de la democracia está en riesgo cuando las autoridades electas entran en disonancia con la representación de la diversidad ciudadana.
Es por esto que, el parlamento de cada nación debe encarnar la misma diversidad existente entre sus ciudadanos, para que aquellos que elaboran las leyes puedan obedecer a los principios democráticos, pero ¿esto se cumple en América Latina?
Cuando hablamos de cuota de género en los parlamentos, es una forma de hacer una discriminación positiva que persigue la representación ciudadana (o una proyección de ello).
El Observatorio Político Dominicana, hace una completa cronología de los avances legales en materia de equidad en el país. En tal sentido, cita a La Ley 275-97, promulgada el 21 de diciembre de 1997, como aquella que por primera vez fijó un porcentaje de las candidaturas del partido a mujeres.
El porcentaje con el que se inició esta exigencia era de un 25 %, y pasaron tres años antes de que decretaran la Ley 12-00, que llevó este porcentaje a un 33.33 %, exceptuando los cargos electivos de senador y síndico.
Estamos hablando de que en el año 2000 aún las mujeres no eran percibidas como un ‘must democrático’ en el senado y las alcaldías. Actualmente, la Ley establece una cuota en candidaturas en un 40 % de participación femenina.
Sin embargo, desde 2010 existe un Proyecto de Reforma de Ley Electoral propuesto por la JCE, que entre otras cosas propone que la cuota sea de un 50 % para candidaturas congresuales y municipales, excluyendo alcaldes y senadores.
El 2021 el presidente de la JCE, Román Jáquez, rindió unas declaraciones contundentes en torno al tema: «Una cosa es participar, es decir, lograr estar en una boleta electoral y otra muy distinta es competir en una campaña de recursos económicos más que de propuestas». Y cerró con un llamado a luchar contra los mitos sociales, el machismo y vencer toda una cultura política para obtener un cargo electivo.
Además del porcentaje de participación que establece cada país en sus leyes, múltiples investigaciones apuntan a otros factores que impiden una competencia política equilibrada. Si conjugamos estos estudios, podremos encontrar tres dimensiones:
Mientras el debate entorno a cada variable continúa sucediendo, apenas 9 países de Latinoamérica tiene leyes que garantizan la paridad de género. Siendo Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, han sido de los primeros países en implementarlo.
El presidente de la JCE, Román Jáquez, declaró también acerca de esos motivos culturales que limitan el rol político de la mujer: «La mujer está estigmatizada como la que debe hacer determinados oficios, ya etiquetados en ella, así se comporta en esencia una sociedad machista, sus usos y sus costumbres ordenan actuar así y así lo hace la mayoría social».
Son muchas las preguntas que podemos hacernos como sociedad, para poder mirar más allá de una cuota de género que sea solo números. La humanidad no se rige por fórmulas matemáticas y tal como decía aquella Declaración de los Derechos de la Mujer, quizás debamos preguntar: «Hombre, ¿eres capaz de ser justo?, una mujer te hace esta pregunta».
Por: Karime Rivas.
