La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha propuesto reducir el consumo de alcohol en un 10 % al año 2025. Pero parece que tendrá que despedirse de esa meta. De acuerdo con un estudio internacional, realizado bajo la dirección de la Universidad Técnica de Dresde, la tendencia apunta en la dirección contraria: el consumo per cápita aumentará de los actuales 6,5 litros del alcohol per cápita al año, a 7,6 litros en 2030.
En República Dominicana, el primer semestre de 2021, ingresaron 34.9 millones de litros de diferentes bebidas alcohólicas, principalmente de cerveza, una cantidad que supone un crecimiento de un 54.7 % con relación a la importada en igual período del año pasado, cuando las actividades de ocio estuvieron prácticamente cerradas.
Es decir, se importaron 12.3 millones de litros de bebidas alcohólicas más que en la misma fecha de 2020, período en el cual al país ingresaron 22.6 millones de litros, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Además, las importaciones de alcohol en el primer semestre de 2021 suponen un crecimiento de un 21.1 % al compararse con las del mismo período de 2019 (previo a la pandemia), cuando al territorio dominicano ingresaron 28.8 millones de litros de bebidas alcohólicas.
Asimismo, el confinamiento que impuso la pandemia del coronavirus reveló, además, que los dominicanos a la hora de disfrutar de una bebida alcohólica, la mayoría apostaron por el ron. Así lo demuestra la cantidad de litros que fueron consumidos en el período enero-diciembre de 2020, de acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos.
El consumo de ron ascendió a 10 millones de litros de alcohol absoluto, superando los 9.2 millones que fueron ingeridos en 2019; el consumo de whisky alcanzó la cifra de 3.4 millones de litros de alcohol. En tanto, la cerveza experimentó una caída notoria en la preferencia de los consumidores que estuvieron la mayor parte del año recluidos en casa, ya que los litros ingeridos bajaron de 19.5 millones en el año 2019 a 16.9 millones de litros consumidos en el 2020.
En términos económicos, de los RD$633,336 millones que ingresaron al Estado el año pasado, RD$21,727.4 millones correspondieron a impuestos de productos derivados del alcohol, entre ellos: cerveza, ron, vino, whisky, vodka y ginebra, lo que representó una proporción importante de la recaudación.
De esta forma, República Dominicana ocupa el séptimo lugar entre los países de América con mayor consumo de bebidas alcohólicas, con un promedio de 6.9 litros por persona durante un año, mientras el 13 % de su población presenta algún grado de dependencia del alcohol.
Proyecto de ley para control de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas pasa a la Cámara de Diputados
El Senado de República Dominicana aprobó en segunda lectura el proyecto de ley para el control de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas la cual busca prohibir la ingesta de alcohol en las vías públicas ha generado debates, polémicas y opiniones encontradas dentro de este sector.
Uno de los puntos más polémicos de este proyecto de ley es la referida a que un centro de expendio o turístico pueda dedicarse o continuar con la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas en envases abiertos o cerrados, deberá obtener, por cada establecimiento, una licencia que deberá ser emitida por la Dirección General de Control de Bebidas Alcohólicas (Digecoba) que será un nuevo órgano especializado y dependiente del Ministerio de Interior y Policía.
En ese sentido, la postura de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) sobre esta eventual legislación es de rechazo, pues consideran que un marco legal de ese tipo causaría un impacto muy lesivo a la actividad económica y a la generación de empleos. Pues, el gremio de los industriales asegura que existen mecanismos para la fiscalización efectiva del expendio y consumo de bebidas alcohólicas sin necesidad de crear una ley como la citada.
Entre esos mecanismos legales se encuentran los incisos 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito; 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la 136-03 que dicta el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Además de la Ley 358-05 General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario y la regulación tributaria (implementada por DGII y DGA), entre otras disposiciones.
“En términos económicos, una legislación como la que se pretende instalar, establece limitaciones y restricciones a las actividades comerciales mediante la imposición de licencias obligatorias, a micro, pequeñas y medianas empresas (especialmente a los más de 60 mil colmados y lugares de expendio de bebidas alcohólicas) en la actual coyuntura que vive el país, sería contraproducente ya que aumentaría los costos operacionales y muchos negocios se verían forzados a cerrar sus puertas”, argumento el gremio.
Por su parte, La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) expresa una seria preocupación por vulneraciones a la Ley General de Defensa de la Competencia, número 42-08 y principios constitucionales y de administración pública.
Pues consideran que este proyecto de ley, al establecer la necesidad de obtener una licencia para expendio y/o suministro de bebidas alcohólicas, viola el artículo 50 de la Constitución Dominicana, la cual manifiesta la libertad de empresa. “Pretender y obligar a que los agentes económicos tengan que solicitar una licencia para vender un producto lícito y de libre comercio, supone una barrera que, además, es desproporcional al objeto del proyecto de ley analizado”, argumentaron.
Respecto a los requisitos que debe reunir una entidad comercial para otorgarles la licencia para expendio y/o suministro de bebidas alcohólicas, PRO-COMPETENCIA destaca que el proyecto de ley no los contempla. En definitiva, no se advierten precisiones relevantes como son: la duración de las licencias, las condiciones o requisitos para su otorgamiento o acceso a la actividad comercial y los criterios para establecer excepciones, lo cual atribuye una excesiva discrecionalidad a la Administración Pública.
Por otra parte, las delimitaciones territoriales que plantea el proyecto de ley, al prohibir el otorgamiento de permisos que autoricen la venta o suministro para consumo de bebidas alcohólicas a menos de 50 metros de zonas residenciales, habitacionales o escolares; PRO-COMPETENCIA resaltó que, desafortunadamente, República Dominicana no tiene una organización urbana que permita diferenciar de manera estricta, cuáles son estas zonas.
Además, afirman que de aprobarse esta prohibición se estaría creando una barrera importante en el mercado, provocando la desaparición de un sinnúmero de comercios, y/o limitando sustancialmente los productos que dichos establecimientos están acostumbrados a comercializar.
Por este motivo, la institución recomienda que se evalúen los criterios de distancia mínima desde la perspectiva de los principios de buena regulación económica, atendiendo a la necesidad, proporcionalidad, y mínima restricción o, de lo contrario, pondere eliminar esta disposición.
Otros análisis sugieren que estas licencias constituyen un incentivo al comercio ilícito del alcohol, tal como ha sido la experiencia en otros países de la región, castigando así a los que cumplen con la ley y dando ventajas para continuar el comercio ilícito en detrimento del consumidor, los productores, los importadores y las recaudaciones del Estado.
Un primer estudio sobre el comercio ilícito de bebidas alcohólicas espirituosas en América Latina y el Caribe luego del impacto de la covid-19, realizado por Euromonitor International, indica que todos los países evaluados (Panamá, México, Colombia, Brasil, Perú y República Dominicana) mostraron un crecimiento consistente en actividad ilícita. Colombia es el país con mayor porcentaje de crecimiento de actividad ilícita con un 10,6 % comparado con los niveles de 2019, seguido por Brasil (+10,1%), México (+9,8 %), República Dominicana (+ 9,4 %), Perú (+6,5 %) y Panamá (+6,4 %).
La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) aseguró que el sector no aguanta más impuestos y recomiendan suspender la indexación trimestral de este gravamen selectivo al consumo y, con ello, reducir de manera significativa y permanente la informalidad en la industria de bajo precio. Pues, las bebidas adulteradas impactaron de manera importante la producción de ron, cayendo, en dos meses consecutivos, en un 40% y en un 25 % respectivamente. (RM)
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