La primera ausencia de la reina Isabel II para atender su compromiso de darle apertura formal al Parlamento británico ocurrió en 1963, cuando no pudo acudir al estar embarazada de su hijo menor, el príncipe Eduardo.
Debido a sus problemas de movilidad, la soberana, de 96 años, se vio obligada a cancelar su asistencia a esta cita constitucional.
Y ahora, por segunda ocasión en que la soberana se ausenta de este compromiso, su hijo, el príncipe Eduardo, y heredero a la corona, sustituyó a la reina en la apertura formal del Parlamento, donde leyó el programa legislativo del Gobierno, que incluye medidas contra las protestas descontroladas de grupos ecologistas y planes para el coste de la vida.
A pesar de la ausencia de Isabel II, el acto se celebró con toda la pompa que manda la tradición, en la Cámara de los Lores, donde no faltó la corona imperial, colocada sobre un cojín rojo, símbolo de la importante relación entre monarquía y parlamento.
El príncipe de Gales, vestido con uniforme militar, leyó en apenas diez minutos las líneas generales del programa del Ejecutivo para el próximo periodo parlamentario.
El primer ministro británico, Boris Johnson, y el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, caminaron juntos hasta la Cámara de los Lores, seguidos de los ministros, el llamado «gabinete en la sombra» (laboristas) y el resto de diputados.
Las iniciativas
El plan de Johnson contiene 38 piezas legislativas, entre ellas medidas para aliviar el elevado coste de la vida, a causa del incremento de la inflación y los precios energéticos, e impulsar el crecimiento económico a fin de reducir las desigualdades económicas y sociales que hay entre las distintas zonas del país.
El Ejecutivo espera introducir un proyecto legislativo destinado a modificar leyes comunitarias que quedaron vigentes tras el Brexit.
Entre otras cosas, el Gobierno presentará un proyecto con el que quiere atajar las crecientes protestas de algunos grupos ecologistas, con la imposición de penas de hasta 12 meses de cárcel por interferir en la actividad de aeropuertos o ferrocarriles.
Esta medida está pensada para limitar la actividad de organizaciones como «Insulate Britain» y «Extinction Rebellion», que en los últimos años han tomado medidas drásticas, como el bloqueo de autopistas, para llamar la atención sobre la crisis climática.
Algunos partidos de la oposición, como los liberal demócratas, consideran que estos planes son «peligrosos y draconianos».
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