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La regulación de los servicios de inversión

Lucy Nuñez23 abril, 20195min2553
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La República Dominicana no ha sido la excepción, tanto el artículo 159-11 de la Ley de Mercado de Valores, como el artículo 176-2 marcan el punto de referencia. Sin embargo, una regulación tan general no es útil ni para los intermediarios de valores y asesores de inversión ni para sus clientes.

Las disposiciones tan amplias y generales crean un nivel de inseguridad jurídica en la provisión de los servicios debido a que dejan abiertos a la interpretación el determinar cuándo hay un adecuado conocimiento de los clientes o cuándo se determinó correctamente la aptitud de un cliente para una transacción.

Una de las carencias de la regulación local es la falta de una definición clara de los servicios cuya relación se pretende regular. La comercialización de valores, asesoramiento de inversión y gestión de carteras.

Una posible referencia a seguir sería el predominante en Europa, en la cual las relaciones entre las entidades y los clientes son reguladas por las directivas conocidas como MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) y MiFID II.

La normativa europea establece un procedimiento para cada servicio acorde al rol de la entidad y del cliente en cada situación. De esta forma, siguiendo el procedimiento previsto, las entidades están protegidas contra cualquier responsabilidad civil o administrativa que pueda derivar del resultado de la inversión.

La ventaja de este tipo de regulación es lograr un equilibrio que permita a las entidades recomendar o implementar estrategias de inversión y comercializar productos a clientes que pudieren resultar más rentables, a la vez de establecer herramientas que reduzcan la posibilidad de que el cliente asuma un riesgo para el que no está preparado o del que no cuenta con suficiente conocimiento antes de aceptarlo, puesto que no tendría exposición a informaciones falsas o inexactas antes de la toma de decisión.

Desde el punto de vista de la entidad, se reducen las posibilidades de reclamos que comprometan su responsabilidad en los casos que las estrategias no ofrezcan los resultados esperados.

Sin embargo, una regulación demasiado restrictiva tendrá el efecto de limitar las opciones de las entidades de ofrecer productos con mayores niveles de riesgo a sus clientes, lo cual no beneficia ni al cliente ni al mercado.

Queda claro que toda regulación al respecto tenderá a aumentar los costos transaccionales. El reto para el regulador es encontrar una configuración regulatoria en la que los costos transaccionales no sean prohibitivos para ninguna de las partes, sino que lleven a la mejor solución.

La Ley del Mercado de Valores ordena al Consejo Nacional del Mercado de Valores emitir, entre otros, un Reglamento de Intermediarios de Valores.

Este reglamento, o un reglamento específico sobre servicios de inversión, es la oportunidad propicia para incluir regulaciones que detallen la forma en que los intermediarios pueden proveer servicios de inversión a sus clientes con el respaldo de la seguridad jurídica y colocarnos en un proceso de regulación que propicie la expansión del mercado de valores en la República Dominicana, sin reducir los niveles de seguridad aconsejables pero tampoco imponiendo restricciones que afecten el mercado.

Estas y otras informaciones de interés las puedes encontrar en la revista Mercado Norte en la edición marzo-abril 2019. también puedes suscribirte para obtener nuestras revistas a través de http://www.revistamercado.do/suscripciones/

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