Las reformas fiscales conforman un tema que está ‘on the board’ en RD y que generan mucha presión al asociarse directamente al alza de los impuestos. En el 2011 se aprobó la Ley 139-11, en la cual básicamente se establecen gravámenes a los juegos de azar, se aumenta de manera temporal la tasa del ISR de 25% a 29%, se establece el impuesto a los activos financieros productivos netos que aplicaba solamente al sector financiero, que también fue impuesto temporal.
Más tarde, en el 2012 se realizó una reforma mediante Ley 253-12. En ella se aumenta la tasa del Itbis de 16% a 18%, se gravan algunos alimentos de consumo masivo como el café el cacao y el aceite. También, se establece el impuesto sobre los intereses que reciben las personas físicas, se limitan las deducciones admitidas por concepto de intereses pagados, se establece el impuesto a los dividendos o utilidades distribuidas por las empresas a sus socios y se aumenta la tasa de ISR al 29% disminuyéndose hasta 27% entre otras disposiciones.
Un grupo de 23 senadores estará sometiendo un proyecto de ley para eliminar todas las exenciones fiscales
Ahora un grupo de 23 senadores estará sometiendo un proyecto de ley para eliminar todas las exenciones fiscales, con el objetivo de que el Estado dominicano «disponga de los recursos necesarios que permitan resolver parte de los grandes problemas de la sociedad sin necesidad de seguir endeudando el país con más préstamos», según se lee en el comunicado de prensa acerca de la propuesta.
En este mismo comunicado explican la eliminación de las exenciones fiscales a funcionarios públicos y a segmentos de la economía dominicana permitiría al Estado obtener ingresos que necesita tras el embate económico derivado de la pandemia del covid-19 sin necesidad de realizar una reforma fiscal.
“Proponemos reducir el gasto tributario a su mínima expresión, que no es más que el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar tratamiento preferencial a distintos sectores, eliminando todas exenciones, deducciones, créditos o pagos diferidos que contienen 39 leyes, cuyos montos ascienden a RD$217,487 millones anuales”, una suma que, según estimaron, representa el 4.44% del Producto Interno Bruto (PIB).
Entre los puntos a destacar, proponen suprimir todas las exoneraciones de vehículos y de cualquier naturaleza que reciben senadores, diputados y demás integrantes del Congreso Nacional, así como derogar todas las exoneraciones de vehículos “y de cualquier naturaleza que reciban los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, miembros del Ministerio Público y de los representantes del Servicio Exterior”.
De igual forma, dentro de la propuesta se incluye reducir el gasto de publicidad de RD$ 4,800 millones de pesos a RD$ 2,000 millones para el año 2022, consignando en el Presupuesto General del Estado. De hecho, esta propuesta de Ley impediría que alguna institución de Estado puede adquirir un vehículo superior a RD$ 30,000 dólares para ser asignados a funcionarios públicos, excepto el presidente y vicepresidente de la República.
Otros de los sectores que se piensan incluir en esta reforma son el turismo, energía, automotriz no convencional, textiles, cinematográfica, minería e industria.
Quedarán derogadas, además los párrafos 1 y 2 de la Ley 11-92 del Código Tributario; el párrafo del artículo 112 de la Ley General de Electricidad No. 125-01; los artículos 9, 19 y 20 de la Ley No. 92-04 sobre prevención de riesgos; el párrafo 1 del artículo 19 de la Ley No. 253-12 de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal; el párrafo 5 del artículo 23 de la Ley 557-05, de Reforma Tributaria y el numeral 8 del artículo 74 de la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público. (KR)
Suscríbete a la revista y regístrate a nuestros newsletters para recibir el mejor contenido en tu buzón de entrada.
