Existe una nueva herramienta para evaluar los modelos de Alianzas Publico-Privadas (APP) que analiza la capacidad de los diferentes países para atraer inversión privada mediante acuerdos bajo esta modalidad. La herramienta, llamada Infrascopio, ha sido desarrollada por Economist Impact, unidad de análisis del grupo The Economist, y comisionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y sus resultados son publicados cada dos años.
Los países de América Latina y el Caribe han dado pasos significativos en la creación de entornos propicios para el desarrollo de asociaciones público-privadas (APP) eficientes y sostenibles en infraestructura. Las APPs aportan liquidez y financiamiento a los gobiernos, y ayudan a la creación de empleos y mejoran las condiciones de vida de las personas. Dos países destacan especialmente, Brasil y Chile, y cinco países más muestran un alto rendimiento: Uruguay, Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica.
Las bases regulatorias e institucionales para el desarrollo de APP están en gran medida ya establecidas en toda la región, y ahora deben concentrarse en mejorar la preparación de proyectos, financiamiento y gestión de riesgos.
El análisis de Infrascopio para 2021-22 fue presentado en el mes de julio durante un evento donde participaron importantes personalidades del BID, encabezados por su presidente Mauricio Claver-Carone, así como un panel con funcionarios públicos de Colombia, Perú, Chile y Paraguay, sobre los retos y oportunidades que las APP presentan a los países.
La nueva edición se ha ampliado a 26 países e incluye un nuevo marco de indicadores para captar los últimos desarrollos de las APP de infraestructura, incluyendo sostenibilidad social y medio ambiental, control fiscal y planificación de presupuestos, transparencia y rendición de cuentas, así como nuevos instrumentos financieros.
Se resaltaron los aspectos favorables de las APPs que representan una gran oportunidad para expandir mercados, generar empleos, contribuir a la recuperación económica y el crecimiento de la región, fomentando la sostenibilidad, eficiencia e innovación. De ahí el apoyo que el BID ha decidido darle a esta herramienta.
Debido a la proyección de una reducción importante en el ritmo de crecimiento en Latinoamérica, se está limitando la capacidad de inversión de los gobiernos para realizar obras de infraestructura en la región, un aspecto clave para el desarrollo integral de las sociedades.
Las Alianzas Público-Privadas (APP) representan una buena herramienta para mantener el ritmo de inversión en proyectos de infraestructura y desarrollo, esenciales para mejorar la calidad de vida de millones de latinoamericanos.
Son claras: aportan fondos adicionales para los gobiernos, más allá de los recursos públicos, para invertir en proyectos de desarrollo, e incorporan el conocimiento técnico y gerencial del sector privado, aportando valor agregado.
El área de infraestructura es una de las más necesarias y la que más puede beneficiarse de esta modalidad de inversión, en especial porque para que Latinoamérica aspire a formar parte de las regiones desarrolladas deberá movilizar una cantidad de fondos que el sector público difícilmente pueda afrontar. Los esquemas de APPs representan una de las mayores innovaciones en el sector de infraestructura de América Latina en los últimos años, tomando como base la experiencia previa y el éxito del modelo en países como España, Inglaterra, Brasil y Chile.
Pero el importante desarrollo que el modelo de APP ha tenido recientemente en varios países de América Latina ha venido acompañado de la necesidad de generar conocimiento en esta materia para que los gobiernos que decidan usar este modelo se puedan beneficiar de la experiencia de otros.
Las principales inversiones realizadas en Latinoamérica en infraestructura son principalmente en áreas de transporte (carreteras), energía eléctrica (suministro y generación), telecomunicaciones y equipamientos públicos. Los sectores más rezagados son los de agua, saneamiento, y transporte urbano.
El informe de Infrascopio 2021-2022 señala que tanto el apoyo político como la aprobación de la Ley 47-20 de APPs crean en República Dominicana una sólida base regulatoria para desarrollar e implementar sistemas eficientes y sostenibles para potenciales alianzas, y tiene un buen posicionamiento respecto al promedio regional, ubicándose entre los seis países de Latinoamérica y Caribe con mejor regulación e institucionalidad para movilizar inversión privada, incluso por encima de países como Argentina y Brasil.
Durante la firma de la Ley 47-20 de APPs en República Dominicana en septiembre del 2020 el presidente Luis Abinader resaltó que esta normativa permitirá al gobierno responder de manera eficiente y oportuna a las condiciones del mercado, e invitó al sector privado a presentar buenas iniciativas que contribuyan a cerrar la brecha de infraestructura que enfrenta el país.
Chile destaca entre los casos de éxito de Latinoamérica. Este país impulsó inversiones en infraestructuras de transporte combinando capital público y fondos privados nacionales. Con esto lograron crear una de las infraestructuras de transporte más avanzadas de la región, beneficiando tanto a ciudadanos como a inversores privados. El impacto que han tenido las concesiones de autopistas urbanas en Santiago tras 15 años de su adjudicación es importantísimo.
Este ejemplo tiene gran interés porque se trata de una experiencia única en el mundo, y por servir de ejemplo del gran impacto que pueden producir las APPs en la calidad de vida de los más necesitadas. México es otro ejemplo que ha evolucionado tanto en el desarrollo de concesiones, como en otros modelos de APP para introducir la iniciativa privada para proyectos de infraestructura.
En Colombia destaca el cambio institucional realizado para transformar el antiguo esquema de concesiones, puesto en tela de juicio, hacia un nuevo modelo de APP que sirviera para el desarrollo de un ambicioso programa de modernas infraestructuras.
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Artículo retomado de la Revista Mercado septiembre 2022
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