Es hora de hacer balance y recuento; un restart de prioridades para asegurarse de que el país ve claro, tras tanto enclaustramiento, y no se ciega por las nuevas luces que despuntan en este nuevo amanecer que también se pretende sea un reverdecer.
Así, la Revisión del Gasto Público (RGP) que repasamos en estas páginas, fue solicitada por el Gobierno en diciembre de 2019 al Banco Mundial, pero su alcance se ha revisado ampliamente para reflejar la rápida evolución de la crisis de covid-19.
El análisis que despliega está diseñado para respaldar los esfuerzos del Gobierno para lograr sus prioridades de política, que incluyen mitigar el efecto de la crisis en el empleo y la pobreza, posicionar al sector privado para una recuperación sólida y mantener una dinámica sostenible de la deuda.
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Asegurar esta sostenibilidad será una prioridad clave después de las políticas de estímulo fiscal adoptadas en respuesta a la pandemia de covid-19, pero esto debe hacerse con cuidado para evitar dañar a los pobres o la recuperación. A medida que se desarrollaba la pandemia, una abrupta caída de la actividad económica, junto con un aumento en el gasto de emergencia, hizo que la relación deuda/PIB del sector público no financiero (SPNF) pasara del 40.4 por ciento en 2019 a un estimado de 55.5 por ciento en 2020.
Antes de la pandemia, los pagos de intereses sobre la deuda del SPNF habían aumentado de manera constante como proporción del PIB, pasando del equivalente al 1.8 por ciento en 2009 al 2.7 por ciento en 2019 y después al 3.7 por ciento estimado en 2020. Una fuerte postura fiscal contracíclica, consistente en gastos de emergencia y desgravaciones fiscales, fue la política más adecuada para mitigar el impacto económico de la crisis en los hogares pobres y vulnerables y en la economía.
Años de gestión fiscal responsable proporcionaron espacio fiscal para contraer préstamos adicionales, pero la recuperación posterior a la crisis tendrá que ir acompañada de esfuerzos para consolidar las cuentas fiscales y comenzar a reconstruir reservas para enfrentar posibles shocks futuros. La adopción de una ley de responsabilidad fiscal que comprometa al gobierno a mantener una postura de política anticíclica podría enviar una señal poderosa a los mercados financieros.
Una recuperación sostenida del crecimiento después de la pandemia requerirá reformas para aumentar la competencia, mejorar el clima empresarial y fomentar la integración con las cadenas de valor mundiales (incluido el posicionamiento del país para una posible ola de relocalización o “near-shoring”).
Aumentar la eficiencia de los gastos no relacionados con los intereses es clave para restaurar la sostenibilidad de la deuda. Los niveles de gasto público deben seguir siendo adecuados para gestionar la demanda agregada y abordar las necesidades sociales críticas, incluido el impacto que sigue teniendo la pandemia de covid-19. Una gestión más sólida de la deuda podría reducir la vulnerabilidad externa así como la tasa de interés promedio de la deuda pública. Los mercados de capital han financiado en gran medida la acumulación de deuda y, aunque el perfil de la deuda pública ha mejorado, el riesgo cambiario sigue siendo considerable.
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Aunque el gobierno está en camino de cumplir con todos sus objetivos estratégicos, el nivel persistentemente alto de la deuda denominada en moneda extranjera expone al gobierno a aumentos abruptos en el saldo total de la deuda durante las depreciaciones del tipo de cambio.
Ampliar el sector formal y maximizar su potencial de empleo será fundamental para revertir el reciente aumento de las tasas de pobreza. A pesar de décadas de sólido crecimiento en el sector privado, la formalización sigue siendo un desafío clave. La aplicación deficiente de la política de competencia, combinada con el aumento constante de las barreras fiscales y reglamentarias, ha contribuido a una concentración excesiva del mercado y ha obstaculizado el crecimiento de las pequeñas empresas intensivas en empleo.
El aumento del gasto social impulsado por la crisis ha subrayado la necesidad de abordar los desafíos a más largo plazo en la protección social y la prestación de servicios esenciales. Aunque la prolongada expansión económica de la RD redujo drásticamente las tasas de pobreza monetaria, las debilidades en el sistema de protección social y un suministro inadecuado de bienes públicos básicos han socavado persistentemente las ganancias de bienestar. Enfrentar estos desafíos producirá una mejora permanente en la efectividad del gasto público, acelerando el progreso en los indicadores de desarrollo social y apoyando a la vez el retorno del gobierno a una dinámica sostenible de la deuda.
Será necesario mejorar la coordinación entre las autoridades responsables del diseño e implementación de las políticas de protección social; la consolidación del marco administrativo de protección social bajo una ley única respaldada por mecanismos unificados de focalización podría mejorar enormemente el impacto del gasto social.
Es un desafío importante para la RD. El sector del agua y saneamiento está atrapado en un círculo vicioso, ya que la inversión insuficiente en bienes de capital y mantenimiento contribuye a un suministro de agua errático, lo que socava la disposición a pagar, y las bajas tasas de facturación y cobranza a su vez desestabilizan la posición financiera de los proveedores de servicios, reduciendo aún más la inversión.
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El establecimiento de un contrato social que rija la prestación de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento podría ayudar a restablecer la confianza entre el público y los proveedores de servicios, permitiendo a estos últimos mejorar la prestación de los servicios, reducir las pérdidas no técnicas y fomentar la cultura de pago. Con el tiempo, los subsidios podrían reducirse para financiar exclusivamente los gastos de capital, mientras que las tarifas podrían cubrir todos los costos de operación y mantenimiento.
Este artículo fue publicado en la edición diciembre 2021 de revista Mercado. Páginas 81-82.
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