¡Una victoria del estado de derecho y libertad económica!

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El fallo resuelve un conflicto entre el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y los “sindicatos” del transporte por su posición monopólica en la provisión de servicios de transporte de pasajeros intraurbano y de cargas.

Ernesto Selman / Economista y Vicepresidente Ejecutivo de CREES

En este sentido, el TSA determinó que se han afectado los derechos a la libre empresa, libertad de tránsito, libertad de precios y el derecho al trabajo libre, por lo que el Tribunal estableció que el Estado dominicano estaba inobservando leyes que prohíben establecimientos de monopolios a favor de particulares. Por esta razón, el fallo del TSA ordena a distintas instancias del Estado dominicano a cumplir y hacer cumplir una serie de leyes y regulaciones que otorgan un mayor grado de libertad económica en República Dominicana

¿Precedente institucional?

Lo primero que llama la atención del fallo es que desde el Poder Judicial se ordena al Poder Ejecutivo a cumplir y hacer cumplir las leyes, lo que denota debilidad institucional en el cumplimiento de las reglas de juego en la República Dominicana. Como garantes de la Constitución y la ley, el TSA ordenó:

Al Ministerio de Trabajo a evitar monopolios de trabajadores de carga y descarga en los puertos, así como en operaciones de transportes de mercancías, haciendo cumplir el Artículo 4 de la ley 578-65;

Al Ministerio de Industria y Comercio a vigilar el cumplimiento de las normas que garanticen la libre competencia, haciendo cumplir el Artículo 2, literal b), apartado d) de la ley 290-66 sobre este tema;

A la Oficina Técnica Transporte Terrestre (OTTT) a adoptar las normas y medidas necesarias para la organización y control del transporte, con base en la ley 489-89, para eliminar cualquier práctica anti-competitiva e impedir a cualquier entidad que intervenga o domine la concertación de precios del servicio de transporte de pasajeros;

Al Ministerio de Turismo a cumplir con el Art 2 literal g) de la ley 541-69 para evitar prácticas anti-competitivas en el transporte de turistas con el propósito de velar por la libre competencia en la provisión de este servicio;

Al Ministerio de Defensa a cumplir con su deber para asegurar a las personas físicas y morales al retiro, depósito y transporte terrestre de mercancías desde las aduanas y puertos haciendo uso de vehículos de su propiedad resguardando la seguridad de la propiedad privada;

Al Ministerio de Interior y Policía a supervisar a los agentes de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de las personas y empresas en el transporte de pasajeros y transporte terrestre de cargas de mercancías haciendo uso de vehículos de su propiedad y/o particulares.

Por cada día sin ejecutar la sentencia que dictó el TSA, cada institución debe pagar RD$5,000, fondos que irían a la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Con este fallo, se hace evidente una mayor independencia del Poder Judicial en su toma de decisiones y revela un mayor nivel de profesionalismo de los jueces en los tribunales dominicanos; la Escuela Nacional de la Magistratura ha sido clave en este proceso.

La defensa de los derechos fundamentales de libertad de empresa y el Estado de Derecho del Tribunal Superior Administrativo da una señal positiva para un mejor desempeño económico y mayor fortaleza institucional en el futuro. Con instituciones débiles, el reto sería la aplicación de los mandatos del TSA por parte de cada uno de los estamentos gubernamentales.

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