Con la creciente cifra de actos violentos por armas de fuego, Estados Unidos se ha puesto en estado de alerta para tomar cartas en el asunto y hallar una solución, convirtiendo a Nueva Zelanda como un ejemplo a seguir.
Tras vivir uno de los momentos más oscuros de su historia reciente, en el año 2019 un autoproclamado supremacista blanco irrumpe en una mezquita y abrió fuego contra los congregados, para más atacar a las personas de otro centro religioso.
Brent Tarrant, de 28 años, quien fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se trata de la primera condena de este tipo en Nueva Zelanda, y también la primera por «terrorismo».
El ataque más mortífero de la historia reciente de ese país llevó a su gobierno, encabezado por Jacinda Ardern, a impulsar una reforma legislativa de control de armas que se convirtió en un referente internacional.
A un mes del tiroteo, las armas que usó Tarrant ya estaban prohibidas. Una estrategia que provocó el encuentro entre el presidente Joe Biden y la primera ministra, para tratar de ponerle un alto a estos actos. Pero, ¿qué hizo ella?
La primera ministra compareció en rueda de prensa al día siguiente de la masacre, con el tono solemne que amerita estar viviendo uno de los días más oscuros de la nación. Informó con total responsabilidad que el culpable había adquirido las armas de forma legal.
«Les puedo decir una cosa ahora mismo, nuestras leyes cambiarán», prometió Ardern sobre una reforma legislativa que, en tan solo 27 días, logró acabar con la mayoría de armas semiautomáticas.
No se había cumplido una semana desde la masacre cuando Nueva Zelanda ya preparaba un borrador de la reforma sobre el control de armas. Hasta tanto se cumplieran las tres semanas necesarias para el decreto formal, se aplicó una normativa temporal para evitar que la población pudiera acumular armas que iban a ser restringidas.
Ademas, tomaron medidas transitorias para que los propietarios de las armas prohibidas las entregaran a los cuerpos policiales, en un plazo de seis meses. Esto fue acompañado de un programa de recompra, con un coste estimado de 100 millones de dólares, con lo que se compensaría a los dueños de armas.
«Ese es el precio que tenemos que pagar para garantizar la seguridad de nuestras comunidades», remarcó Ardern.
La primera ministra ordenó la conformación de una Comisión Real, para investigar si se podrían acercar nuevos ataques terroristas. Las conclusiones se hicieron públicas en diciembre de 2020, junto con decenas de recomendaciones sobre seguridad nacional y bienestar social de las comunidades.
El documento develó cada grieta en el sistema de recaudación de las armas, a la vez que criticó que los servicios de inteligencia del país priorizaran cubrir el extremismo islámico, a expensas de otras amenazas potenciales como el supremacismo blanco.
«Si bien comisión no consideró que estos problemas hubieran podido evitar el ataque,sí que hubo varios errores, y por eso en nombre del gobierno, me disculpo», dijo la primera ministra.
Apenas un mes después de la matanza en las dos mezquitas, la nueva legislación de armas vio la luz. «Nueva Zelanda destaca por su amplia disponibilidad de armas de fuerza destructiva, pero hoy termina esa anomalía», celebró Ardern con un Parlamento con 119 votos a favor y uno en contra.
Siguiendo la estela de Australia, la ley aprobada permitía exenciones para los agricultores, para el control de plagas y para el bienestar animal. «Quiero recordar que es un privilegio, y no un derecho, poseer un arma de fuego en Nueva Zelanda», dijo el entonces ministro de la Policía de Nueva Zelanda, Stuart Nash.
La rápida respuesta neozelandesa al ataque de Christchurch contrasta con el perenne debate sobre el control de posesión de armas en Estados Unidos, de nuevo en actualidad tras el tiroteo en la escuela primera de Uvalde (Texas).
EE.UU. es el país con más armas de fuego en manos de civiles (120,5 por cada 100 habitantes), mientras que Nueva Zelanda ocupa la posición número 17 de la lista (26,3 armas por 100 habitantes), según las cifras obtenidas hasta 2018.
El poder económico y de movilización de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), la configuración del sistema judicial y las reglas del Senado son algunos de los mayores obstáculos en el camino estadounidense hacia el control de armas, una ruta que deben buscar la forma de transitar a la par de aquellos que tuvieron éxito.
Por: KR.
