La primera ministra de Francia, Élisabeth Borne comienza a mostrar algunos de los colores planteados durante su campaña: el control migratorio. Inspirada en la legislación de Dinamarca, está apostando por la cooperación europea para frenar la inmigración irregular.
Dentro de su propuesta que contempla una «visión equilibrada», Bornes propone regularizaciones y la aceleración de las expulsiones. Pero, ¿cómo afectará esto a la economía de Francia?
A pesar de no estar considerando la posibilidad de tener una «inmigración cero», con la cercanía de la aprobación, que se proyecta para inicios del 2023, el gobierno de Emmanuel Macron muestra preocupación sobre cómo el flujo migratorio puede afectar los puestos esenciales en la economía del país.
Por años, los inmigrantes legales han sido un negocio altamente rentable para la economía francesa. Para el año 2010 sus actividades reportaban un saldo positivo para las finanzas públicas de 12,400 millones de euros.
Para entonces las cifras de inmigrantes ilegales era muy aleatoria. Se llegaron a contabilizar unos 5,3 millones de residentes extranjeros, con sus familiares.
Frente a las acusaciones del partido opositor la primera ministra no aportó detalles en cuanto al déficit en la cobertura de puestos de trabajo, como el de restauración y obras.
En paralelo se han dado algunas denuncias como la de Le Pen, de que algunas zonas en Francia, como Saint-Denis, se han convertido en «áreas extranjeras» que cuentan en algunos casos con el 40 % de su población con diferente nacionalidad.
Es por esto que la primera ministra llama a establecer políticas regulatorias, más no excluyentes, de cara a asumir las nuevas migraciones que se esperan producto del cambio climático.
Aún así, ante esta propuesta de Ley queda flotando la pregunta que las autoridades no responden, ¿esta decisión es buena o mala para la economía francesa?
Por: Karime Rivas y EFE.
