Los acuerdos de confidencialidad se han convertido para muchas mujeres en el sello de la depredación sexual. Un documento cuya firma le compromete a someterse a los delirios de sus jefes, hasta que llegó el movimiento Me Too.
Una muestra de ello, los 300,000 dólares que se le ha ordenado pagar a la campaña presidencia de Donald Trump a una empleada. Sin embargo, a ella se le acusa de violar su acuerdo cuando acusó a Trump de besarla a la fuerza.
La ex presentadora de Fox News Gretchen Carlson y la colaboradora Julie Roginsky, son otro ejemplo. Ambas alegaron ser acosadas sexualmente por el director ejecutivo de Fox News, Roger Ailes. Como parte de sus acuerdos, cada una tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad que les prohibía hablar de sus experiencias, que se sumaron al Me Too.
Ambas crearon la organización Lift Our Voices y están trabajando con las legislaturas estatales para restringir el uso de los acuerdos de confidencialidad. De hecho, los esfuerzos de Carlson fueron fundamentales en la reciente aprobación de la Ley para Terminar con el Arbitraje Forzado de Agresión Sexual y Acoso Sexual, que evita que los sobrevivientes sean silenciados.
Carlson cree que los acuerdos de confidencialidad no solo protegen a los depredadores, sino que también dificultan que las víctimas encuentren empleo e incluso pueden expulsar a las mujeres de la fuerza laboral por completo. Engrosando las filas del Me Too.
En algunos lugares, para respetar la privacidad de las víctimas, dejan la decisión de firmar o no el acuerdo de confidencialidad a la víctima. En la práctica, esto causa problemas.
Andrea Jhonson, directora de política estatal en el Centro Nacional de Leyes de la Mujer, dice que en los estados donde la decisión se le deja a las víctimas, se les presiona para que firmen el acuerdo.
«Se está convirtiendo en coerción», dice Jhonson. «Los empleadores han estado reestructurando sus negocios para empezar con, ‘¿vas a aceptar el acuerdo o no?’ Básicamente para obligar al empleado a solicitarlo para poder trabajar».
Otra de las iniciativas del Centro Nacional de Leyes de la Mujer que se encuentran próximas a ser aprobadas, es la Ley BEHEARD In The Workplace. Ya fue presentada en el Congreso y, si se promulga, impondría sanciones federales al uso de los acuerdos de confidencialidad.
A pesar de los llamados de #MeToo para realzar las voces de las víctimas, la mayoría de los estados no han promulgado ninguna legislación que restrinja el uso de los acuerdos de confidencialidad.
Algunos de los argumentos son la obligación que caería en las empresas, de tener que ir a juicio para «preservar la imagen pública». Ir a la corte puede ser un proceso largo y costoso, y muchos sobrevivientes quieren resolver el problema con un acuerdo.
Johnson ha tenido conversaciones con abogados en California y New Jersey, ambos estados que han instituido una legislación de base amplia que restringe los acuerdos de confidencialidad, y los acuerdos aún están dándose.
Los argumentos de eliminar los acuerdos de confidencialidad solo en casos de conducta sexual inapropiada y discriminación parecen superar con crecer a los que se oponen a la legislación.
Eliminar los acuerdos de confidencialidad le da a las víctimas una voz y eso las empodera. «Cuando tienes una voz, aumentas tu poder, e incluso podrías impedir que se produzca el comportamiento porque el depredador sabe que puede ser atrapado», dice Carlson.
Por: KR.
