La discusión sobre el sentido y funciones de los mecanismos de género en el Estado tiene una larga historia y en los últimos años las modalidades que asume la institucionalidad de género en distintos países han sido objeto de evaluaciones, estudios comparativos y tema de reuniones de expertos.
Los estudios, de carácter más bien descriptivo, han priorizado el análisis de sus características y de las estrategias diseñadas para cumplir con sus objetivos, y han evaluado el grado de cumplimiento de las metas propuestas y los resultados alcanzados. Estos estudios suelen contrastar el funcionamiento de la institucionalidad de género con el modelo ideal que emerge de las recomendaciones de las últimas Conferencias Internacionales sobre el tema. Y es precisamente de ellos que se desprenden las medidas tomadas ahora en República Dominicana.
Las políticas públicas tradicionales que se correspondían con una concepción del Estado en la que éste tomaba las decisiones acerca de qué problemas afrontar y cómo solucionarlos, no hicieron nada más que perpetuar y reproducir las relaciones asimétricas de poder existente entre los diferentes grupos que constituyen la sociedad: económicos, políticos, religiosos, como en todo lo que respecta a los géneros.
La modalidad predominante en las políticas tradicionales implicaba la toma de decisiones desde arriba. La intervención estatal no tenía en cuenta la participación de los beneficiarios en la formulación de las demandas, no promovían el crecimiento de sus capacidades personales, ni colectivas o comunitarias.
Las mujeres no eran consideradas ni como sujetos destinatarias, alternativas de ningún proyecto. Simplemente, se consideraba natural que si los hombres eran los destinatarios y quienes se beneficiaban directamente de las políticas, automáticamente, las mujeres alcanzaban dicho beneficio.
Si bien se desarrollaron políticas públicas participativas, en su concepción original eran predominantemente de carácter asistencialista, por lo que sólo permitieron algunos cambios, pero no la superación de los problemas que pretendían solucionar. Y es así como hemos llegado a este punto histórico, en el que incluso las nuevas iniciativas de género siguen con rasgos asistencialistas, profundizando aún más la brecha y requiriendo con urgencia la institucionalización de las políticas de género.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, participó en la LIV Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras de la Mujer de Centro América y República Dominicana (COMMCA), donde también tomó posesión de la presidencia pro tempore, Nellys Herrera Jiménez, ministra de la Mujer de Panamá, en la ciudad Antigua, Guatemala.
Mayra Jiménez ministra de la Mujer y también secretaria del COMMCA ahora forma parte de la mesa que trabaja a favor de la transversalización por el derecho de la igualdad y equidad de las mujeres de la región.
Desde la visión del COMMCA, de impulsar los procesos de institucionalización de las políticas de igualdad y equidad de género, Nellys Herrera, desarrollará sus propuestas para transformar la condición, situación y posición de las mujeres de la región, como lo hizo su predecesora Ana Leticia Aguilar, ministra de la Mujer de Guatemala.
El Consejo de Ministras de la Mujer de Centro América y República Dominicana (COMMCA), promueven las propuestas de políticas en el ámbito regional del Sistema de Integración Centroamérica (SICA), especializado en materia de género y derechos humanos de las mujeres, para la adopción de una política y estrategia sostenible de equidad, propiciando el desarrollo de los países integrantes.
Asimismo, promueven la igualdad de género como principio y como derecho en todas las acciones y esferas gubernamentales de cada país que pertenecen a la región, siendo un factor que contribuye a los objetivos de la integración centroamericana para el desarrollo económico, político, social y cultural de las mujeres.
Una de las atribuciones del COMMCA, es Promover la consolidación del sistema democrático, pluralista y participativo de las mujeres en los países centroamericanos y de los países incorporados que integran el SICA, con estricto respeto de los tratados y convenios internacionales, en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales, además, de contribuir a fortalecer la plena vigencia de los derechos de las mujeres y el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales suscritos por los países centroamericanos.
Este Consejo lo integran: la secretaria del COMMCA, Mayra Jiménez, del Ministerio de la Mujer de República Dominicana, Nellys Herrera, directora general INAMU (Panamá), Ana Leticia Aguilar, secretaria SEPREM (Guatemala) y María Lilian López, directora ejecutiva ISDEMU (El Salvador). (KR)
