El impuesto rosa regresa al centro de la conversación luego de que California decretara la eliminación del mismo a partir de este 2023. Un acuerdo que según la Comisión de California, podría significar un ahorro de hasta 1,300 dólares al año para las mujeres.
Aterrizando estas cifras a la cantidad de mujeres que habitan en California, estamos hablando de un gasto total de 47,000 millones de dólares al año solo en impuestos rosa.
La nueva Ley AB 1287 detalla que las empresas no podrán añadir costo adicional a productos dirigidos a mujeres. De este modo, la única forma en que las empresas podrán hacer un cobro extra es su sus productos pueden realmente ser diferenciados en costo adicional en su fabricación o dificultades probadas para fabricarlos.
Los productos de higiene femenina saltaron al centro de la atención cuando el diputado del Distrito Nacional, Omar Fernández, propuso un proyecto de Ley para eliminar los impuestos específicamente a productos de higiene femenina, mejor conocidos como impuesto rosa. Para muchos un sinsentido, para otros la erradicación de un término económico que ha surgido como indicador de pobreza para las mujeres.
El ciclo menstrual es considerado como una vía para el ausentismo escolar. La ONU estima que 1 de cada 10 niñas faltan a la escuela durante la menstruación. Varios organismos internacionales definen esta falta de condiciones como pobreza.
El ciclo puede ser entendido como la falta de acceso a productos sanitarios, educación sobre salud femenina, e infraestructura para gestión de los desechos. (Plan International, 2021). Bajo esta realidad, se requieren políticas públicas que promuevan el acceso a información e insumos para la higiene femenina.
Recientemente, el congresista Omar Fernández propuso un proyecto de ley que busca eximir del ITBIS a los productos sobre salud menstrual. El principal fundamento de muchos activistas al solicitar la eliminación de este impuesto rosa es el resguardo de justicia social y a la equidad fiscal.
Según Coronello (2020), especialista en Derecho Tributario y doctorado en Derecho Fiscal, esta imposición resulta inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad.
El ITBIS es un impuesto al consumo y como tal no distingue entre quién lo paga (los de más altos ingresos, los de más bajos ingresos, sea hombre o mujer), por lo tanto, impone cargas tributarias iguales pese a la desigualdad económica y de género.
En los últimos años, varios países han escuchado el reclamo y han aprobado estas iniciativas. Canadá tiene esta exoneración desde el año 2015 y en el caso de India, se eliminó el ITBIS a las toallas sanitarias y los tampones en el año 2018.
En América Latina, Colombia se convirtió en el año 2018 en el primer país en eximir el impuesto a estos productos. En 2021, el Estado de Michoacán, México, aprobó la Ley de Menstruación Digna que consiste en la implementación de educación femenina de calidad y en el reparto gratuito en las escuelas públicas de productos de higiene para niñas y adolescentes.
Asimismo, Ecuador levantó la tasa de ITBIS a estos productos en diciembre de 2021.
Sin embargo, el ciclo abre otro hilo de discusión, uno ambiental que parece no ser tomado en consideración a la hora de introducir políticas públicas. Sin duda, esto tiene un impacto económico y social en la vida de las mujeres, pero también ecológico. El uso de productos desechables genera grandes cantidades de residuos.
Tenemos entre manos una oportunidad para repensar estas iniciativas y apostar por introducir políticas que incentiven el uso de productos de gestión menstrual reutilizables y al mismo tiempo mejoren la educación y promuevan la información sobre la salud femenina.
Por: Karime Rivas. Y Colaboración: Paola Cepeda.
Economista, MSc en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos Miembro de la Fundación Aniel.
