En días pasados, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó ante el congreso un proyecto de ley que convirtió al Bitcoin en moneda de curso legal; el mandatario tomó el atrevimiento de adoptar la criptomoneda aún cuando grandes potencias económicas mundiales han dudado su incorporación e incluso tras China prohibir rotundamente a instituciones financieras y empresas de pago prestar servicios relacionados a monedas creadas en el mundo digital.
La decisión de Bukele fue respaldada por Jack Mallers, CEO de Strike –aplicación para transferencias monetarias– durante la conferencia Bitcoin 2021 afirmando que más del 70% de la población activa de El Salvador no está en el sistema financiero y «veían a Bitcoin como una moneda de clase mundial».
Tras la aprobación del proyecto de ley, la población se mantiene a la espera de más información sobre la medida, al igual que la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), la cual señaló en un comunicado que «exhorta a las autoridades a trabajar de manera coordinada, a fin de que se realice una adecuada aplicación y se dé respuesta a las lógicas inquietudes que existen».
De igual forma, se considera importante educar a los salvadoreños sobre la criptomoneda y su mundo digital que vaya de la mano con el reglamento gubernamental a ser emitido para su aplicación en el país.
La norma indica que el cambio entre el Bitcoin y el dólar local estará establecido «libremente por el mercado» y no estará sujeto a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido la única institución que se ha pronunciado al respecto e hizo una advertencia: “Adoptar el bitcoin como moneda de curso legal genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”.
Gerry Rice, portavoz del FMI, recalcó que el uso criptomonedas puede suponer significativos riesgos, por lo que sugirió que debería haber unas medidas efectivas de regulación.
Actualmente, un equipo del fondo negocia con las autoridades salvadoreñas la aprobación de un programa de asistencia financiera por valor de 1,300 millones de dólares por la crisis económica derivada por la pandemia.
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