Estados Unidos y República Dominicana comparten una larga historia que abarca la gobernanza, el comercio y las raíces poscoloniales familiares. Con más de 2,2 millones de personas, la diáspora dominicana es la quinta población hispana más grande de los Estados Unidos, con una presencia cultural significativa en las artes, la música, los deportes y la política.
Por su parte, República Dominicana es el cuarto socio comercial más grande de Estados Unidos en América Latina y el Caribe y es el sexto destino más popular del mundo para los turistas estadounidenses.
«Estados Unidos constituye nuestro principal socio comercial y socio estratégico», ha expresado en innumerables ocaciones el presidente dominicano Luis Abinader. El mandatario, es abiertamente pro Estados Unidos, con vínculos personales que se remontan a su época como estudiante de posgrado en Massachusetts.
Otro elemento que solidifican estos lazos, es que las administraciones de Biden y Abinader tienen un interés en la seguridad y la prosperidad del Caribe y hacen de esto un elemento central en su compromiso bilateral. Como señaló el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, en su testimonio ante el Senado, el Caribe es la tercera frontera de los Estados Unidos y debe ser tratado en consecuencia como una prioridad.
En ese sentido, el presidente Luis Abinader, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton y el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert W. Thomas, suscribieron un acuerdo bilateral por un monto de $251 millones de dólares que puso en marcha la estrategia de cooperación de los próximos cinco años de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) en el país.
Cabe destacar que desde 1962 hasta la fecha, Estados Unidos, a través de la USAID, ha destinado $1,800 millones de dólares para proyectos de desarrollo en la República Dominicana.
A través de este acuerdo, se da seguimiento al diálogo de alto nivel y la declaración conjunta sobre reformas institucionales realizados el pasado 28 de abril entre el Gobierno Dominicano y el Gobierno de los Estados Unidos, cuando se comprometieron a dedicar esfuerzos para apoyar temas importantes como la reforma policial, la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de los mecanismos para mejorar la transparencia y la independencia de los organismos de supervisión del Estado, el combate contra la trata de personas, entre otros.
Con miras de aumentar las exportaciones de productos agropecuarios nacionales, entidades públicas y privadas implementarán un programa financiado con US$13.7 millones por el Departamento de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos para mejorar la eficiencia, la coordinación, la transparencia del comercio y la inocuidad.
El programa Trade Safe (TraSa) bajo la ejecución del Cuerpo de Servicio Ejecutivo Internacional (IESC, siglas en ingles) tendrá una duración de cinco años y se enfoca en la aplicación de medidas, estándares y regulaciones sanitarias y fitosanitarias, basadas en ciencia y análisis de riesgos.
En ese contexto, el vicepresidente ejecutivo de Amchamdr, William Malamud, expresó que este proyecto permitirá que se facilite el comercio de productos perecederos, proporciona financiamiento y asistencia técnica para fortalecer la cadena de valor, desde la finca hasta el consumidor mediante la aplicación de mejores prácticas y uso de tecnología.
De esta forma, se espera que este programa permita aumentar el comercio bilateral entre EE.UU. y RD y que genere empleos y riquezas en ambos países.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se ha unido al Gobierno dominicano para cambiar la mala imagen de la policía nacional y combatir los achaques que afectan su progreso, como la corrupción y narcotráfico.
De este modo, Estados Unidos apoyará el proceso de acreditación de la Policía Nacional y otras transformaciones institucionales claves a través de una nueva subvención regional de 1.45 millones de dólares.
Asimismo, a través de asistencia técnica y capacitación, en proyectos pilotos y ha ayudado a transformar la Policía Nacional, mediante proyectos que modernizan su infraestructura tecnológica y logran la acreditación internacional.
Los esfuerzos conjuntos de los Estados Unidos y la República Dominicana en los últimos meses también han mejorado los procedimientos de reclutamiento y selección de candidatos interesados en unirse a la Policía Nacional.
El presidente Abinader se comprometió en adaptar las prácticas y las normas institucionales de la Policía Nacional para que se ajusten a los estándares internacionales, mediante una acreditación internacional, el cual se completará en 2023. Este proceso garantizará que los procesos de la Policía Nacional con respecto a las líneas de autoridad, las políticas de rendición de cuentas y los protocolos del uso de la fuerza estén en consonancia con las mejores prácticas internacionales.
Funcionarios de los Estados Unidos y la República Dominicana firmaron un memorando de entendimiento que aborda las necesidades de capacitación de la Cámara de Cuentas, que establece prioridades a llevarse a cabo de manera colaborativa entre ambos gobiernos. A su vez, la Cámara de Cuentas revisó el proceso de selección de nuevos auditores y diseñó un mecanismo de seguimiento para determinar los funcionarios gubernamentales que deben presentar sus declaraciones juradas de bienes.
Los Estados Unidos ha brindado apoyo técnico para la revisión de la ley sobre compras y contrataciones públicas en la República Dominicana que incluya muchas de las mejores prácticas internacionales. La Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) se ha involucrado en una amplia participación pública para explicar los objetivos del proyecto de ley y solicitar vistas públicas.
Expertos técnicos de la DGCP y de los EE. UU. han capacitado a más de 350 funcionarios gubernamentales en la prevención de la corrupción en los procesos de contrataciones públicas. El proyecto de ley se está revisando actualmente en el Poder Ejecutivo antes de su presentación al Congreso Nacional.
Washington ha tratado de tomar medidas contra el fuerte aumento de estos ataques. Una de ella es la emisión de sanciones contra un intercambio en línea en el que operadores ilícitos supuestamente intercambiaron criptodivisas por dinero en efectivo.
Los ataques a un importante oleoducto estadounidense, a una empresa empacadora de carne y al sistema de correo electrónico Microsoft Exchange llamaron la atención sobre la vulnerabilidad de la infraestructura estadounidense ante los piratas digitales.
De esta manera, Estados Unidos realizó una reunión virtual con representantes de 30 países, entre ellos, República Dominicana, para aunar fuerzas a la hora de responder a los ciberataques con «ransomware», un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales.
Cabe destacar que en República Dominicana se produjeron más de 196 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre del 2021, diez veces mayor que los niveles de hace un año, lo que demuestra un aumento constante durante el período. (rm)
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