Desde 1962 hasta la fecha, los Estados Unidos, a través de la USAID, ha destinado $1,800 millones de dólares para proyectos de desarrollo en la República Dominicana. Los lazos del país con la primera potencia económica mundial podrían ser considerados como cercanos, pues la nación americana ha prestado atención de cerca a RD, considerando la cantidad de dominicanos que emigran en busca del ‘sueño americano’.
El primer mandatario, Luis Abinader, junto a Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), y Robert W. Thomas, encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, han suscrito un nuevo acuerdo bilateral, en esta oportunidad por un monto de US$251 millones que pone en marcha la estrategia de cooperación de los próximos 5 años de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) en el país.
El acuerdo da seguimiento al diálogo de alto nivel y la declaración conjunta sobre reformas institucionales realizados en meses pasados entre ambas economías
Tanto RD como Estados Unidos se comprometieron a dedicar esfuerzos para apoyar temas como la reforma policial, la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de los mecanismos para mejorar la transparencia y la independencia de los organismos de supervisión del Estado, el combate contra la trata de personas, entre otros.
Robert W. Thomas, resaltó que el acuerdo apoya invertir en la conservación del medio ambiente y el uso de energía renovable, mejorar la salud y otros servicios públicos para una sociedad más saludable y productiva.
La meta principal del acuerdo es promover una República Dominicana más segura, inclusiva y próspera que avance la resiliencia local, fronteriza y regional enfocado en varios pilares.
El primer enfoque es una reforma de políticas y una gobernanza efectiva centrada en transparencia, rendición de cuentas, equidad, protección social y ambiental y además incluye reformas legales y regulatorias.
A través de este pilar se busca identificar soluciones prácticas para políticas que puedan mejorar los servicios públicos, al igual que trabajar en políticas públicas que busquen soluciones colectivas para comunidades marginadas y fomentar una sociedad civil más inclusiva.
El segundo pilar del acuerdo es mejorar la eficacia de los servicios públicos de sanidad, tales como acceso al agua limpia, educación básica y alambrado eléctrico.
Este segundo pilar fomentará el fortalecimiento del sector justicia, la prestación de servicios de salud, las alianzas con el sector privado para co-crear y co-ejecutar iniciativas que apoyen los sistemas de servicios, que identifiquen soluciones ante los retos ambientales.
El tercer pilar es la sostenibilidad y resiliencia local a través de iniciativas de desarrollo y soluciones creadas y lideradas a nivel local. Se fomentará la creación de coaliciones y la inversión en organizaciones locales para promover el desarrollo juvenil, prevenir el crimen y la violencia. Por último, este pilar busca fortalecer y mejorar la calidad en los servicios de salud y de VIH.
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