Los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20, agrupación de países industrializados y emergentes que reúnen el 66% de la población y el 85% del producto interno bruto mundial se reúnen desde mañana en una cumbre de dos días en la pintoresca ciudad italiana de Venecia, para hablar de mecanismos de recuperación global tras la crisis derivada del coronavirus, entre ellos la redistribución fiscal.
Los ministros de Finanzas del G20 se encaminan a dar “un respaldo político a una propuesta de reforma fiscal internacional surgida la semana pasada del seno de la OCDE”, según el titular francés de dicha cartera Bruno Le Maire, en la que 130 países apoyaron un cambio ambicioso del impuesto corporativo transfronterizo para empresas con ventas de más de 20.000 millones de dólares al año.
Para Bernd Riegert, analista ecónomico de DW, sería “la primera vez en 100 años que la comunidad mundial se pondría de acuerdo sobre una reestructuración radical del sistema fiscal, (lo cual) lo haría más justo para la economía mundial”. Las multinacionales ya no pagarían impuestos donde se registren para efectos fiscales, sino donde generan sus ingresos.
Esto afectaría en primera medida a las colosales empresas estadounidenses del ecosistema digital, como Alphabet, matriz de Google, y a otros minoristas online como Amazon. En la lista entrarían un sinnúmero de corporaciones asiáticas y europeas prestadores de servicios y fabricantes de bienes de consumo, que en un futuro tendrán que pagar más impuestos en sus mercados principales.
No es oro todo lo que reluce en el G20
Aunque inicialmente se cuenta con un consenso mayoritario para implementar esta reforma fiscal, que según la OCDE redistribuirá unos 250 mil millones de dólares al año, no se tocarán por ahora los intereses de la banca, los servicios financieros, ni de las petroleras. Tampoco se menciona el aumento de precios para el consumidor final, ni se auguran negociaciones fáciles en el contexto de las votaciones que deben darse a nivel local.
En Estados Unidos, cuyo presidente Joe Biden ha dicho que «las multinacionales ya no podrán enfrentar a un país contra otro en un esfuerzo por reducir los impuestos y proteger sus beneficios», se espera una apretada votación en el Congreso. En Europa, no habría luz verde si no se cuenta con el voto positivo de Irlanda – casa europea de los gigantes de Silicon Valley, así como de Hungría y Estonia, tres reticentes miembros de la UE con bajísima imposición fiscal.
Encontrar consensos para el beneficio público
Este plan será de gran ayuda para los países que necesitan “movilizar los ingresos fiscales necesarios para restablecer sus presupuestos y finanzas públicas, al tiempo que invierten en los servicios públicos esenciales, en las infraestructuras y en las medidas necesarias para una recuperación sólida y sostenible después de la crisis económica surgida tras la pandemia del coronavirus”, según la OCDE.
Muchos detalles de este plan son aún inciertos, y se deben encontrar consensos con premura, antes de la cumbre general del G20 en Roma de octubre. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había reclamado ya al G20 acelerar el ritmo de la vacunación contra el coronavirus, proponiendo una meta de inmunización global completa del 40% para 2021 y del 60% para 2022.
Para alcanzar esos objetivos, la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, ha pedido un mayor intercambio de dosis de los países ricos con el mundo en desarrollo; el apoyo a donaciones y financiamiento para aumentar y diversificar la producción de vacunas, la intensificación en el diagnóstico y los tratamientos para en el marco de la contingencia por la COVID-19; y la eliminación de todas las barreras a la exportación de insumos y vacunas terminadas. (mov)
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