El mercado de soluciones tecnológicas para las administraciones públicas genera más de 400,000 millones de dólares al año en todo el mundo
Para Gerardo Mateo, ingeniero en Ciencias Computacionales y Tecnología y director de Investigación y Desarrollo de Software para Gobiernos en GLASS, los dos grandes objetivos de las ciencias computacionales siempre han sido el mismo: simplificar las cosas para los humanos y el reducir la cantidad de recursos que se necesitan para realizar una tarea; siendo el tiempo el recurso más valioso.
La inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés), una de las ramas más importantes de las ciencias computacionales, se enfoca precisamente en eso: en proteger el tiempo humano al habilitar sistemas para que tome decisiones por sí misma. Bajo esa mirada, en los últimos tres años se ha visto un mayor interés por parte de los gobiernos en entender cómo la esta tecnología puede ser aplicada al sector público.
En agosto de 2018, se estableció la Comisión de Seguridad Nacional sobre IA de los Estados Unidos, y en junio de 2020 se estableció su Comité actual. Por otro lado, en mayo de 2021 la Casa Blanca anunció el lanzamiento de la Iniciativa Nacional de Inteligencia Artificial, con el objetivo de ampliar los esfuerzos federales de innovación en esta tecnología, alentando al sector privado a trabajar conjuntamente con el gobierno en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones públicas apalancadas por esta innovación tecnológica.
Así, el último reporte de 2021 de la Comisión de Seguridad Nacional de Inteligencia Artificial de Estados Unidos, destaca que el gobierno debe aliarse con el sector privado y las sociedades profesionales de investigación y desarrollo, para llevar a cabo una transformación expedita antes de 2025.
De ese modo, para lograr una transformación en las operaciones gubernamentales, es fundamental para los gobiernos entender los elementos que permitieron esa misma transformación en el sector privado, siendo conscientes de que el sector público puede implementar sus mejores prácticas. Sin embargo debe desarrollar su propio conjunto de conocimientos técnicos.
Uno de los grandes retos para los gobiernos en vías de desarrollo es alinearse a los estándares de las potencias mundiales en innovación y tecnología aplicadas al sector público para generar soluciones en los servicios a los ciudadanos.
La presión sobre los organismos públicos para mejorar sus servicios, para aumentar su eficiencia, para mostrar una mayor transparencia y entregar accesibilidad, son cada vez mayores y, en ese marco, las nuevas tecnologías de la información juegan un rol fundamental.
De ese modo, la adecuada inversión para consagrar un gobierno digital radica en el retorno que dará en términos de valor público. Pues, el gobierno tecnológico es más que simplemente hacer que el servicio gubernamental sea digital. Es mejorar la gestión interna de la administración pública para otorgar un mejor servicio, facilitar el acceso a la información, asegurar la transparencia dentro del gobierno para aumentar la confianza pública y fortalecer la participación ciudadana.
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Bajo ese prisma, las funciones principales de los GovTech son buscar el bien social y económico del país, cubrir las necesidades de la ciudadanía y liderar el modelo social tecnológico. A diferencia del sector privado, el cual busca potenciar la competitividad y/o aumentar el mercado, el sector público usa la transformación digital con el fin del bien ciudadano.
Para ello, es fundamental establecer los objetivos y metas para así trazar un camino concreto y fácil de seguir por las organizaciones y personas involucradas, permitiendo, de ese modo, evaluar si se cumple lo propuesto, encontrar los aspectos necesarios a mejorar y poder evolucionar cuando sea necesario.
A diferencia del sector privado, el cual busca potenciar la competitividad, el sector público usa la transformación digital con el fin del bien ciudadano
En resumen, GovTech apunta a un gobierno simple, eficiente y transparente en todas sus aristas, ya que permite la colaboración e interacción entre empresas, gobiernos, inversores, organismos internacionales y ciudadanos para que las instituciones públicas dispongan de las mejores herramientas para afrontar sus problemáticas. En este contexto, las tendencias en los próximos años son las siguientes:
Este es un requisito que lleva años en marcha, no solo en el sector público, sino también en las grandes empresas tradicionales, que insisten en cargar tecnologías obsoletas que traen, entre otros problemas, riesgo de seguridad. La modernización, en este sentido, tiene como objetivo implementar sistemas de arquitectura modular. El pronóstico es que, para 2025, más del 50 % de las agencias gubernamentales habrán modernizado sus aplicaciones heredadas, esenciales para mejorar la resiliencia y agilidad de los procesos y sistemas.
Se trata de una solución para garantizar la agilidad institucional mediante la aplicación de principios y prácticas comerciales combinables que reemplazan los sistemas de gestión de casos heredados con productos modulares, lo que también lo hace más flexible para los gerentes de TI del sector público. Para 2024, los gobiernos que opten por adoptar una arquitectura modular podrán implementar nuevas funciones al menos un 80 % más rápido que los gerentes que usan arquitecturas sin este enfoque.
Ofrece al ciudadano una nueva posibilidad: acreditar su identidad como individuo, sea cual sea el canal digital de comunicación con la administración pública. Este sistema es “fundamental para la inclusión y el acceso (de los ciudadanos) a los servicios gubernamentales”, y es un tema que está en la cima de las agendas políticas a nivel mundial. Se espera que en 2024 surgirá en el mercado un verdadero estándar de identidad global, portátil y descentralizado, para abordar casos de uso empresariales, personales, sociales, y de identidad invisible.
Con ecosistemas de TI cada vez más complejos, un enfoque de seguridad adaptable garantiza cuatro áreas centrales de trabajo: prevención, detección, respuesta y predicción, todo de una manera continua y adaptable. Para 2025, se espera que el 75 % de los CIO del sector público sean directamente responsables de la seguridad desde fuera del entorno de TI, incluidos los entornos operativos y de misión crítica.
República Dominicana obtuvo 3,74 puntos sobre 10
El Banco Mundial todos los años entrega un informe titulado «el Índice de Madurez GovTech (GTMI)» para diseñar programas avanzados de transformación digital a nivel mundial y medir el avance de la transformación digital de los países. El informe se presenta como un examen integral del camino que han recorrido y deben recorrer 198 naciones y especifican las esferas que pueden mejorarse para que los responsables de las políticas y sus asesores tomen decisiones informadas sobre la manera de abordar desafíos específicos y así promover la modernización del sector público.
El índice considera cuatro aspectos clave:
En el estudio 2020, República Dominicana obtuvo 3,74 puntos sobre 10. La puntuación del país fue más alta en la dimensión “adquisiciones: marcos (frameworks)” (5,13 puntos) y la más baja en la “startups: entorno digital” (3,30 puntos). Asimismo, el país obtuvo también las siguientes puntuaciones: Gobierno: gobierno digital 4.84 / Startups: entorno de innovación 4.2 / Gobierno: entorno de políticas 3.92 / Adquisiciones (procurement): cultura 3.91.
Estos indicadores deben catalizar la participación de los diferentes actores del ecosistema digital nacional que deben sumarse a la conversación a fin de generar un plan transversal relacionado a la tecnología que nos permita superar las brechas existentes.
Este artículo fue publicado en la revista Admiradas, edición 2021.
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