Ya vimos recientemente a la Cámara de Comercio celebrar la mayoría femenina dentro de su Junta Directiva. Ahora la Cámara de Cuentas se erige como el único organismo estatal en el que las mujeres conforman mayoría, de todos los estamentos de poder que fueron renovados por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso Nacional.
Contrario a la Cámara de Comercio, ninguna mujer preside la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y el Defensor del Pueblo y otros poderes fácticos, muchos de ellos con una significativa reducción de la presencia femenina.
Actualmente el balance en nómina de las mujeres en la Cámara de Cuentas, el organismo auditor de las cuentas públicas es de un 60%. Es interesante cómo a nivel mundial los organismos de rendición de cuentas y los Bancos han respondido a un código de transparencia, que fue elaborado por el FMI hace un año en respuesta a las crecientes exigencias post pandemia, mostrando grandes resultados.
Sólo en Europa las mujeres ejecutivas bancarias le ahorraron al Estado cerca de 500 billones de dólares, gracias a la transparencia y alta calidad de la gestión. Esto no significa que las mujeres sean mejores que los hombres, solo que estas aportan un conjunto de habilidades diferentes y contribuyen a una mejor gestión de riesgos.
La nueva mayoría relativa de la Cámara de Cuentas de República Dominicana la conforman Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta; Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria y Elsa María Peña Peña. Este avance responde también a un plan de Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2018 – 2030. La propia constitución política dominicana, por primera vez y en forma explícita, establece una igualdad de hombres y mujeres ante la ley.
Asimismo, la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) incorpora la transversalidad de la igualdad de género en su implementación. Lo cierto es que la equidad y la igualdad se han ido incorporando al conjunto de las normativas aprobadas o revisadas en las últimas décadas, tales como la Ley Electoral 15-19, la Ley de Cuotas 13-00, la ley contra la violencia hacia las mujeres, la ley de municipios, la Ley de Partidos Políticos 33-18, entre otras.
Dentro de un contexto internacional, que propende a la búsqueda de mayores niveles de justicia social, política, económica y cultural para las mujeres. En dicho contexto, el papel del Estado es fundamental como garante de la ampliación democrática, el estado de derecho y el ejercicio de una ciudadanía inclusiva y respetuosa de la diversidad.
República Dominicana aún le quedan varias desigualdades que enfrentar en los entes gubernamentales. El Tribunal Superior Electoral es muy desigual y la mujer ha sido vagamente desestimada. Rosa Fior D’ Aliza Pérez es la única jueza de la Alta Corte, presidida por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo e integrada por Juan Alfredo Biaggi Lama, Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz.
En la renovación del TSE fue donde peor le ha ido al segmento femenino, con una sola representante entre cinco miembros, equivalente a un 20% de participación. Por su parte, el Senado de la República escogió a Pablo Ulloa como Defensor del Pueblo por un período de seis años (2021 – 2027) y como suplentes a Roberto Carlos Quiroz y Miguel Antonio Puello, sin mujeres.
En la Junta Central Electoral el segmento femenino representa el 40%, con dos de cinco integrantes. Estas son: Dolores Altagracia Fernández y Patricia Lorenzo. Completa el quinteto, el presidente Román Jáquez Liranzo, Rafael Armando Vallejo Santelises, y Sami Rafael Chami Isa.
Mientras que, con la escogencia de los cuatro jueces para renovar el Tribunal Constitucional se produjo un equilibrio con el equipo en igualdad. Las mujeres con Eunisis Vásquez Acosta y María del Carmen Santana de Cabrera; mientras que los hombres están representados por José Alejandro Vargas y Manuel Ulises Bonelly Vega.
